Contamina y no paga: la vulnerabilidad financiera y ambiental del modelo ultra fast fashion.

A fines de septiembre, la caída de las acciones de la plataforma china de fast fashion Shein, tras su reciente salida a bolsa, estuvo presente en los principales medios financieros del mundo.

Las acciones de Shein se desplomaron en la Bolsa de Hong Kong después de que la compañía presentara su primer balance trimestral desde su debut bursátil el 1° de septiembre. Los títulos llegaron a caer 14% en un día y cerraron con una pérdida del 10,7%, llevando a la empresa a su menor valor desde su salida al mercado. La ganancia neta ajustada cayó 67% interanual en el segundo trimestre, hasta U$S 228 millones, mientras el margen se redujo a apenas 2,1% y las ventas retrocedieron tanto en Europa como en Estados Unidos.

La acción ya acumula una caída superior al 27% desde su salida a Bolsa.

Este derrumbe llevó la capitalización de Shein a unos US$ 17.000 millones, frente a los US$ 26.000 millones de su debut y muy lejos de los US$ 100.000 millones que llegó a alcanzar en sus rondas previas de financiamiento privadas.

Detrás de este desplome aparecen como algunas de sus causas, el aumento de los costos logísticos, la eliminación de beneficios aduaneros para los envíos de bajo valor en Estados Unidos y Europa y la presión sobre los márgenes de un modelo basado en precios extremadamente bajos. Y todo esto podría ser también una buena noticia, ya que permite volver a poner bajo la lupa a la ultra fast fashion y, con ella, al modelo de producir, consumir y descartar ropa a una velocidad cada vez mayor.

En los últimos años, el comercio mundial de textiles y prendas de vestir alcanzó un valor superior a los US$ 800.000 millones anuales, con Asia como principal centro de producción. China, Bangladesh, Vietnam e India concentran buena parte de la industria exportadora, apoyados en su capacidad de fabricación, bajísimos costos laborales y cadenas de suministro integradas.

Esta dimensión global de la industria también permite comprender la magnitud de uno de sus principales desafíos: el volumen creciente de materias primas, prendas y productos textiles que ingresan al mercado y, posteriormente, se convierten en residuos.

La industria textil es una de las más contaminantes del mundo, y esta situación en lugar de mejorar, continúa agravándose.

El nivel de producción y consumo de ropa no solo es insostenible, sino que también es absurdamente obsceno. Se producen en el mundo, por ejemplo, dos millones y medio de zapatos, por hora.

Esta industria produce 100.000 millones de prendas de vestir al año. Según estimaciones de ONGs ambientalistas, existiría actualmente ropa en circulación para abrigar a las próximas ocho generaciones de seres humanos.

GAP lanza cada año, unos 12.000 artículos nuevos. H&M se estima que duplica ese número, y produce hasta 25.000 modelos nuevos anualmente. Zara eleva esa cifra a los 36.000 productos nuevos por año. Y, según cálculos de especialistas, el modelo de negocios del ultra fast fashion de Shein, llegaría a producir un millón y medio de modelos nuevos cada año.

Adicionalmente, es una industria que depende en gran medida de los combustibles fósiles, ya que la mayoría de las fibras sintéticas proceden del petróleo y porque los procesos de teñido y acabado tienen un enorme impacto ambiental.

Se ha estimado que las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) anuales de la producción textil pueden superar a las de todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos.

La industria consume cada año unos 215 billones de litros de agua, el equivalente a 86 millones de piscinas olímpicas, y es responsable del 9% de los microplásticos que contaminan los océanos.

Producir un solo pantalón jean genera 25 kg de CO2 y requiere un consumo de 8.000 litros de agua. En el caso de una sola cartera, se liberan 67 kg de CO2 y se gastan 17.000 litros de agua.

Además de los materiales y los procesos de fabricación, es el creciente volumen de consumo lo que está teniendo un efecto devastador.

Mientras que, hasta fines del siglo XX, la ropa se usaba hasta que se gastaba y luego se reparaba, se calcula que hoy en día más de la mitad se tira en menos de un año.

Este modelo de negocios se basa en bajísimos costos de producción, la deslocalización de las fábricas a países con mano de obra barata y en estrategias comerciales que juegan con la creación continua de necesidades y la obsolescencia percibida.

Esta actividad exorbitante genera, cada año, unas 92 millones de toneladas de residuos textiles en el mundo. Cerca del 12% se pierde antes de que siquiera exista la prenda (en las etapas de diseño y producción)

El modelo de ultra fast fashion genera además un problema creciente para el reciclaje. La calidad del material textil se deteriora, lo que conlleva una caída de la calidad del material reciclado. Las fibras se vuelven demasiado cortas para la producción de nuevos textiles y se utilizan en aplicaciones con menor valor añadido en las industrias automotriz, construcción o plásticos. Menos del 1% vuelven a la industria textil.

En nuestro país, según la Encuesta de Consumo responsable, hábitos sustentables y capital social, que llevamos a cabo recientemente desde el CENARSECS, uno de cada dos argentinos vende, intercambia o dona ropa usada.

Pero en términos industriales, una parte importante de la ropa usada de los países desarrollados es enviada hacia mercados del Sur Global, muchas veces bajo el argumento de la donación o reutilización.

La cantidad de ropa usada exportada desde la Unión Europea hacia países del sur global se triplicó en las últimas dos décadas y pasó de 550.000 toneladas en el año 2000 a casi dos millones de toneladas en la actualidad. La mitad de estos textiles se envían a África

Por otro lado, tampoco Estados Unidos, ni China, tienen capacidad para reciclar toda la ropa que descartan, y gran parte la exportan a otros países de Asia y a África. En especial a Pakistán, Malasia, Kenia e India.

El destino de estos textiles no siempre está claro. Si bien algunos efectivamente se reutilizan, se estima que, entre el 10 % y el 40 %, generalmente terminan en vertederos.

En los países importadores, si bien existe cierta demanda de ropa usada accesible, la idea de que estas donaciones textiles sean actos de caridad para quienes lo necesitan no se ajusta necesariamente a la realidad.

Existe en estas regiones una importante actividad de comercialización y reutilización que genera empleo e ingresos, pero también una creciente preocupación por la calidad de las prendas que llegan. Una proporción cada vez mayor corresponde a ropa de baja calidad que no puede ser revendida ni reutilizada y termina literalmente en vertederos a cielo abierto, como los que podemos encontrar en Ghana, Nairobi, India, Nigeria y, acá cerca, en Chile, donde está el más grande vertedero de ropa usada del mundo, en el desierto de Atacama.

En el desierto de Atacama, al norte de Chile, existen actualmente unas 300 hectáreas de ropa arrojada a cielo abierto, una superficie equivalente a 1400 estadios de fútbol. Cada año se siguen recibiendo allí unas 60.000 toneladas de ropa provenientes de Europa, Asia y Norteamérica a través del puerto libre de Iquique. Al menos 40.000 toneladas de ropa sin vender terminan abandonadas o incineradas ilegalmente en las dunas.

En octubre de 2025, el Parlamento Europeo aprobó una ley destinada a reducir el desperdicio de textiles en la Unión Europea. Esta norma responsabiliza de la recolección, clasificación y reciclaje de la ropa y los textiles domésticos usados ​​a las empresas que los producen.

La dimensión del problema llevó esta cuestión a la agenda del Convenio de Basilea, el acuerdo internacional que regula los movimientos transfronterizos de determinados residuos y busca evitar que su gestión genere daños al ambiente y a la salud. En su reunión de 2025, la Conferencia de las Partes decidió incorporar para el período 2026-2027 el análisis de los movimientos transfronterizos de textiles usados y residuos textiles, incluyendo una cuestión central: cómo distinguir una prenda que todavía puede ser reutilizada de un residuo que simplemente está siendo trasladado de un país a otro. La COP18 del Convenio de Basilea, prevista para abril de 2027 en Panamá, deberá considerar las alternativas que surjan de este proceso.

Este debate no será fácil. Por un lado, existen numerosas organizaciones ambientales que reclaman mayores controles, trazabilidad y mecanismos que permitan evitar que los países con mejores sistemas de gestión de residuos trasladen parte de su problema a regiones con menor capacidad para gestionarlo.

Por otro lado, el comercio de segunda mano constituye una actividad económica relevante y generadora de empleo en numerosos países africanos. Por eso, quienes participan de esta actividad sostienen que cualquier modificación de las reglas internacionales debe contemplar también el impacto sobre las personas y comunidades que viven de la comercialización y reutilización de estas prendas.

La discusión deja planteada una cuestión de fondo para la economía circular: la ropa de segunda mano no es necesariamente circular por el solo hecho de tener una segunda vida. Si una prenda viaja miles de kilómetros para ser revendida y finalmente termina en un vertedero porque su calidad no permite reutilizarla o reciclarla, el problema ambiental no desapareció. Simplemente cambió de lugar. La verdadera circularidad exige intervenir sobre toda la cadena: cómo se diseña y produce la ropa, qué materiales se utilizan, cuánto tiempo puede permanecer en uso, qué posibilidades existen de reparación, reutilización y reciclaje y quién asume los costos cuando el producto llega al final de su vida útil.

Una experiencia de circularidad de ropa implementada por Zara en Inglaterra recientemente, mostró como, solamente reintroduciendo al mercado unos 600 kilos de ropa usada se evitaba la generación de unos 2300 kg de CO2, se ahorraba el consumo de 3600 millones de litros de agua y la tala de 144 árboles.

En el mismo sentido, en 2019 unas 56 empresas de moda y textil suscribieron el Fashion Pact para abordar la lucha contra las emisiones de GEI, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra la contaminación plástica de los océanos.

Por eso, junto con las restricciones al movimiento internacional de residuos, cobra relevancia la Responsabilidad extendida del productor. El desafío consiste en que las empresas no sean responsables solamente hasta el momento en que venden una prenda, sino que participen también de la gestión de los impactos y costos asociados a su destino final. De esta manera, la discusión sobre los residuos textiles deja de ser exclusivamente un problema de los consumidores o de los países que reciben la ropa usada y pasa a involucrar a todos los actores de la cadena de valor.

 

Artículo de Julián D’Angelo publicado en la Revista Desafío Exportar. Año 20, Número 255, octubre de 2026.